España será el primer país con una Ley de Protección a la Infancia contra la violencia. Los delitos prescribirán cuando las víctimas tengan 35 años.
Parece mentira, pero en ningún país del planeta había una ley que proteja a los niños contra la violencia. Pues bien, la buena noticia es que ya existe uno pionero en esta decisión y es España. Allí se acaba de aprobar con amplia mayoría la Ley de Protección a la Infancia, conocida como Ley Rhodes porque toma el nombre del pianista James Rhodes, que fue víctima de abusos sexuales cuando era niño y que ha sido un defensor y promotor de una norma de este tipo que defienda a los menores de abusos de todo tipo.
La ley prohíbe la aplicación del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), una teoría no científica que se utiliza en procesos de divorcio para retirar la custodia de los hijos a las madres. También elimina la posibilidad de la custodia compartida cuando haya indicios de violencia de género e incluye un nuevo artículo centrado específicamente en proteger a la infancia en situaciones de violencia de género en el ámbito familiar.
Derecho del niño a poner una denuncia
Además se estipula que la prescripción de los delitos graves será cuando la víctima tenga 35 años. La razón es que muchas no denuncian hasta que son adultas. Y otro dato muy interesante y tranquilizador es que reconoce el derecho del niño a ser informado sobre los procesos administrativos y judiciales y el derecho a interponer una denuncia de manera personal y directa.
✅ El Pleno aprueba la enmienda transaccional nº2 a las enmiendas del Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, y rechaza el resto de enmiendas presentadas por los grupos. pic.twitter.com/Tr0JJbNj3v
— Congreso (@Congreso_Es) April 15, 2021
Otro avance en esta ley ha sido también la redefinición de violencia. Ahora también incluye delitos que se cometen en internet y establece la creación de personal especializado en atención a estas víctimas, tanto en las fuerzas de seguridad como en organismos dedicados a la infancia, jueces y fiscales. La nueva norma exige un Registro Central de Información y la creación de la figura de coordinador de bienestar y protección en los colegios.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, explicó la relevancia de esta ley: “Pronto esta ley esencial va a ser una realidad efectiva y va a proteger un derecho fundamental: el de los niños y niñas que viven en nuestro país a tener una vida segura, libre de violencias, una vida que les permita ser felices“.
Poner fin al maltrato y la violencia
Para que nos hagamos una idea de la urgencia de una ley así, Belarra recordó algunas cifras sobre la violencia hacia la infancia. Señaló que el año 2019, el 46.2% de las víctimas de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual fueron menores de edad (7,250 víctimas identificadas). En 2017 se registraron 4,875 denuncias de violencia contra menores en el ámbito familiar, aunque las alertas por sospechas superaron las 16,700 notificaciones.
Ojalá más países aprueben leyes de este tipo para proteger a la infancia, uno de los sectores de la población más vulnerables.
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