El Senado de la República, en asociación con más de 60 empresas, firmó el Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del Plástico en México.
El jueves pasado, el Senado de la República, en asociación con más de 60 empresas y cámaras de comercio nacionales, firmó el Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del Plástico en México. La iniciativa, impulsada por la Fundación Ellen McArthur y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, busca establecer medidas claras y verificables para una buena gestión de los residuos.
De acuerdo con el comunicado emitido por el Senado, los participantes se han comprometido a trabajar de forma conjunta para eliminar los plásticos de un sólo uso, convirtiéndolos en material reusable, reciclable o compostable. Se prevé que para 2030, la tasa de acopio de PET será de un 80%, de 45% en promedio para todos los plásticos y de 30% en el contenido de material reciclado. La SEMARNAT, por su parte, será la encargada de dar seguimiento a dichos objetivos.
Entre algunos de los firmantes polémicos de este acuerdo están la industria mexicana de Coca-Cola y sus subsidiarias Coca-Cola México, Arca Continental, FEMSA, Jugos Del Valle-Santa Clara y la Asociación de Embotelladoras Mexicanas de Coca-Cola (ASCOCA), y sus plantas de reciclaje PetStar e IMER. También se adhirieron al acuerdo las asociaciones ECOCE y ANPRAC.
El rechazo
- “El Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del Plástico en México es permisivo, voluntario, y no cambia nada”: Greenpeace
Según Miguel Rivas Soto, doctor en Ciencias Biológicas por el Instituto de Ecología de la UNAM y líder de proyectos de Océanos de Greenpeace México, el acuerdo está plagado de trampas y parte de un diagnóstico incorrecto e ineficiente sobre las causas de la contaminación plástica. Éste último sustenta que el problema principal está en el manejo inadecuado del residuo plástico una vez generado y la falta de su reincorporación a la economía.
En cambio, Greenpeace y la organización Oceana México sostienen que la solución no implica sólo mejorar el manejo de los residuos, sino reducir radicalmente la producción y comercialización de todos los productos con empaques plásticos. Algo en lo que seguramente Coca-Cola, sus subsidiarias y empresas similares no estarán de acuerdo.
La organización también ha sido crítica en cuanto a los objetivos establecidos en este iniciativa, calificándolos como “poco ambiciosos”. El acuerdo se basa en una estrategia post-consumo y planea alcanzar sólo un 30% de contenido reciclado para 2030. Señalan que el acuerdo no ataca la raíz del problema ni propone soluciones reales. Además, mina la adopción de reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) que se han introducido para su dictaminen en el Senado de la República.
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